Interrumpo mi artículo, para intercalar el de Enrique Granda, por su interés, y actualidad.
Hola a todos: mando este artículo a Valentín porque su medio es en el que me gustaría seguir siendo yo mismo, ya que en ocasiones me veo obligado a cierta corrección política.
Creo que el sector debe abandonar la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ya que no nos hacen falta para nada, aunque curiosamente nadie lo dice.
Un abrazo a todos
Enrique.
CIF: B/82405374
La farmacia no necesita la Agenda 2030
Dr. Enrique Granda
La profesión farmacéutica no necesita la Agenda 2030 ni los Objetivos de Desarrollo Sostenible para justificar su existencia, orientar su trabajo o acreditar su utilidad social. Necesita ciencia, formación rigurosa, independencia de criterio y condiciones económicas que permitan ejercer dignamente. Su legitimidad procede del conocimiento del medicamento y del servicio al paciente, una responsabilidad asumida mucho antes de que apareciera este repertorio de etiquetas internacionales.
El IV Barómetro Social de la Profesión Farmacéutica, presentado por el Consejo General y fechado en septiembre de 2026, recoge información de 49 colegios sobre 463 proyectos desarrollados durante 2025. Los distribuye entre salud comunitaria —57 %—, atención farmacéutica —21 %—, acción social —12 %— y medioambiente —10 %—. Incluye formación, adherencia terapéutica, cribados, campañas solidarias, soledad, violencia de género, reciclaje y huella de carbono. El conjunto se ordena para mostrar su contribución a los ODS.
Hay actuaciones valiosas entre las recogidas. Precisamente por ello resulta innecesario someterlas a semejante ceremonia de homologación. Prevenir errores de medicación, formar a un farmacéutico o facilitar un tratamiento son obligaciones profesionales con fundamento propio. Presentarlas como realizaciones de la Agenda 2030 añade envoltorio, pero no demuestra que mejore su calidad.
El problema más serio es metodológico. El barómetro recopila actuaciones comunicadas por los propios colegios y las clasifica según los objetivos a los que supuestamente contribuyen. Esa clasificación se presenta reiteradamente como «impacto». Sin embargo, contar proyectos y asignarles etiquetas no equivale a demostrar resultados sanitarios, eficiencia económica o mejoras atribuibles a cada intervención. Que el 98 % de las acciones se vincule con salud y bienestar resulta bastante previsible en una profesión sanitaria. ¿Qué conocimiento decisivo aporta ese porcentaje?
Tampoco puede confundirse este escaparate colegial con una visión global de la profesión. La farmacia comprende oficina de farmacia, hospital, industria, distribución, investigación, análisis, salud pública y docencia. Sus integrantes necesitan actualizar conocimientos, evaluar evidencia, dominar nuevas terapias y encontrar oportunidades profesionales. También necesitan salarios adecuados, estabilidad laboral, empresas viables y remuneración suficiente por las responsabilidades que asumen. Ganarse la vida con el propio trabajo no es una preocupación menor ni un asunto vergonzante.
El informe menciona formación, investigación y farmacia rural, pero su eje consiste en acreditar alineamientos. Cabe preguntarse por qué la representación profesional dedica tanto empeño a traducir actividades conocidas al vocabulario de una agenda internacional, en lugar de ofrecer un balance exigente de necesidades, costes y resultados.
Y queda la pregunta que cualquier colegiado tiene derecho a formular: ¿para qué se gasta el dinero de todos en estas tonterías de clasificación y autobombo? El documento no ofrece un presupuesto de elaboración ni una evaluación económica que permita juzgar ese gasto. Antes de celebrar otra edición, deberían explicarse los recursos consumidos y su utilidad concreta.
La solidaridad y el cuidado del entorno merecen respeto. Convertirlos en una liturgia institucional merece discusión. Los órganos profesionales deberían acreditar su valor defendiendo la competencia científica, el ejercicio y el sustento de los farmacéuticos. Para eso fueron creados.
